Cosechadores de tomates presionan a Taco Bell

Por Virmarie Ruiz

Nueva York, 4 sep (IPS)-- Jornaleros inmigrantes empleados en Estados Unidos por una empresa proveedora de la cadena mundial de comida rápida Taco Bell presionan a esa corporación con un boicot, para lograr mejores salarios y condiciones de trabajo.

Se trata de integrantes el sindicato Coalición de Trabajadores de Immokalee, de Florida, que trabajan para la firma Six-L’s Packing, la mayor productora de tomates de ese estado del sudeste.

El sindicato no ha logrado que Six-L’s aumente sus salarios, y promueven desde abril un boicot contra los productos de Taco Bell en Florida, para que esa compañía apoye sus demandas.

La coalición anunció que se propone impulsar el boicot en todo el país, mediante protestas frente a los restaurantes de Taco Bell que comenzará el 13 de este mes, si la corporación no intercede ante Six-L’s.

Taco Bell alega que no es responsable de la situación de quienes trabajan para sus proveedores.

“Nuestra política es no interferir en disputas laborales de otras compañías. No fijamos el precio de los tomates ni del trabajo (de sus cosechadores). Esto no tiene que ver con Taco Bell”, dijo la portavoz de la firma, Laurie Gannon.

“No tengo idea de cuáles son sus problemas laborales (de los trabajadores de Six-L’s). Apunten contra Taco Bell porque somos conocidos en todo el país, y eso es lamentable”, agregó.

Pero Matt Leber, un activista comunitario que trabaja con el sindicato, sostuvo que “Taco Bell crea demanda de mano de obra no calificada y puede determinar la remuneración de los trabajadores si dice: ‘Sólo contrataremos a proveedores que paguen jornales adecuados”.

Taco Bell vende variantes de comida típica mexicana, y forma parte del mayor conglomerado mundial de cadenas de restaurantes, junto con Kentucky Fried Chicken, que vende pollo frito, y Pizza Hut.

La firma informó que había realizado en 1999 ventas por valor de 5.200 millones de dólares, y su empresa matriz, Tricon Global, ganó 22.000 millones de dólares ese año.

Los trabajadores de Immokalee cobran de 40 a 45 centavos de dólar por cada 14,5 kilogramos de tomates que cosechan.

El salario mínimo federal estadounidense es 5,15 dólares por hora, o sea 41,2 dólares por una jornada de ocho horas. Para ganar ese jornal, los cosechadores deben recoger de 1,3 a 1,5 toneladas de tomates por día.

El sindicato afirma que los cosechadores ganan en promedio de 7.500 a 9.000 dólares por año, y que no reciben pago de horas extra, beneficios sociales, vacaciones ni seguros.

En enero de 2000, el sindicato envió una carta a Taco Bell en la cual pidió una reunión con gerentes de esa firma, y apoyo a sus demandas de aumento salarial en Six-l’s.

Pasó un año sin que los trabajadores recibieran respuesta. Tres meses después del envío de una segunda carta en enero de este año, que tampoco fue respondida, se lanzó la campaña de boicot.

Taco Bell paga a Six-L’s unos 75 centavos de dólar por kilogramo de tomates.

El sindicato pide que pague 2,2 centavos más por kilogramo, y calcula que eso puede permitiría a Six-l’s pagar de 75 a 80 centavos de dólar por cada 14,5 kilogramos de tomates cosechados, en vez de pagar de 40 a 45 centavos como en la actualidad.

La mayoría de los afiliados al sindicato son de origen étnico latinoamericano, en gran parte provenientes de México o Haití, y muchos de ellos ingresaron al país en forma ilegales, lo cual crea dificultades adicionales para la defensa de sus derechos.

La campaña de boicot es apoyada por estudiantes de las universidades de Florida, Wisconsin y Notre Dame, y ha incluido manifestaciones de protesta en las ciudades de Miami y Orlando, de Florida, en Los Angeles, del sudoccidental estado de California, y en Auburn, del sudoriental estado de Albama.

El sindicato prevé realizar del 13 al 24 de este mes la “Gira de la Verdad sobre Taco Bell”, que comenzará en Immokalee y continuará en ocho ciudades más del país, de las cuales la última será la de Irvine, en California, sede nacional de Taco Bell.

Participarán en esa gira trabajadores agrícolas, sindicalistas, clérigos y estudiantes, informó Dana Silverman, de la organización no gubernamental United for a Fair Economy, que brindará apoyo a la campaña como lo ha hecho con otras en todo el país por reivindicaciones económicas que considera justas.

“Trabajadores del sector de servicios y de otras actividades reciben remuneraciones cada vez más bajas”, señaló.

Las leyes vigentes reconocen el derecho de los trabajadores agrícolas a la negociación colectiva con sus empleadores, pero los privan de muchos otros derechos laborales, apuntó.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó a comienzos de este año que tres de cada cinco hogares de trabajadores agrícolas del país viven en condiciones de pobreza, y que la mitad de todos los trajadores del sector ganan menos de 7.500 dólares por año.

Carbon exportado a EEUU lleva sangre de sindicalistas

Por David Bacon

Washington, DC, 10 sep (IPS)— Sindicalistas estadounidenses y colombianos vincularon la propuesta de política energética del presidente George Bush con la persecución de paramilitares contra la actividad sindical en Colombia, un país que exporta carbón a Estados Unidos.

La Cámara de Representantes estadounidense aprobó antes de su receso de agosto la propuesta de Bush, que está a consideración del Senado e implica un aumento del uso de carbón como fuente de energía, en el marco de la creación de entre 1.300 y 1.900 nuevas centrales generadoras de electricidad en los próximos 20 años.

Colombia es el cuarto productor mundial de carbón, y exportó el año pasado 30 millones de toneladas de ese mineral, por valor de 794 millones de dólares. El carbón es para ese país la tercera fuente de ingresos por exportaciones.

Por otra parte, Colombia es uno de los países más peligrosos para quienes realizan actividad sindical. Más de 40 dirigentes sindicales han sido asesinados este año, y el año pasado hubo 129 víctimas.

Según la organización no gubernamental colombiana Escuela Nacional Sindical, más de 1.500 sindicalistas fueron asesinados en la última década, y la cantidad llegó a 3.800 desde 1986, afirma Héctor Fajardo, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.

Sindicatos estadounidenses sostienen que diversas políticas de Washington aumentan los riesgos que corren sus pares colombianos. Entre ellas el Plan Colombia, de asistencia a Bogotá para el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico por valor de 1.300 millones de dólares.

Las organizaciones humanitarias Human Rights Watch, de Nueva York, y Amnistía Internacional, radicada en Londres, aseguran que fondos de ese plan son empleados en Colombia para apoyar a grupos paramilitares derechistas, responsables del asesinato de sindicalistas.

Bush impulsa un aumento de la inversión estadounidense en otros países, incluyendo la destinada a la explotación de carbón en Colombia, resistida por los sindicatos de ese país, cuya protesta ha sido reprimida por las autoridades.

La mina colombiana de carbón Cerrejón Norte, antes estatal, es explotada en forma conjunta por el gobierno y la firma Exxon Corp, integrante del conglomerado estadounidense ExxonMobil, desde mediados de los años 80.

Esa mina produjo el año pasado 18,4 millones de toneladas de carbón, la mitad del total de Colombia. La mitad de esa producción de Cerrejón Norte quedó en poder de Exxon, que vendió 17 por ciento de su parte a Estados Unidos.

El ejército colombiano garantiza la seguridad de la mina, y tiene numerosos antecedentes de involucramiento en conflictos sindicales. A comienzos de los años 90, Bogotá ordenó a sus Fuerzas Armadas que rompieran una huelga de mineros en Cerrejón Norte, que fue ocupada por los militares con tanques.

Otras compañías del sector energético estadounidense dependen del ejército colombiano para la seguridad de sus campos petroleros, entre ellas la firma Occidental Petroleum.

Los sindicatos estadounidenses mantuvieron durante años cierta hostilidad hacia sus pares de otros países, pero en la actualidad los respaldan contra abusos humanitarios, en parte por su propio interés.

La existencia de mano de obra barata y la represión antisindical favorecen la instalación de compañías estadounidenses en Colombia, un hecho que se traduce en la pérdida de fuentes de trabajo en Estados Unidos, sostienen esos sindicatos.

Exxon disminuyó su producción de carbón en territorio estadounidense tras asociarse con el Estado colombiano en Cerrejón Norte, y redujo de 1.600 a 321 el número de sus trabajadores mineros en Estados Unidos.

En la actualidad, más de la mitad del carbón producido por la firma en el mundo proviene de Colombia.

A medidados de marzo fueron asesinados los mineros Valmore Locarno Rodríguez y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, del sindicato de la septentrional mina colombiana de carbón Loma, la segunda del país y propiedad desde 1994 de la firma estadounidense Drummond.

Locarno y Orcasita volvían a sus hogares desde la mina, en un autobús de la firma que fue detenido cerca de Valledupar, a unos 45 kilómetros de Loma, por 15 hombres armados, algunos de ellos con uniforme militar, según testigos.

Los pistoleros exigieron documentos de identidad a los trabajadores y secuestraron a los sindicalistas.

Otros mineros presentes afirman que Locarno fue golpeado en la cabeza con la culata de un rifle y que recibió un disparo en la cara, mientras Orcasita era llevado hacia la selva que bordea el camino.

El cadáver de Orcasita fue encontrado luego, con las uñas arrancadas.

El comandante de la policía local, Hugo Alfonso Cepeda, afirmó por televisión que esos asesinatos fueron cometidos por la organziación paramilitar derechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las AUC habían amenazado de muerte a dirigentes sindicales de Loma, a quienes acusaron de colaborar con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, señaló el coordinador para América del Norte de la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores Químicos y Energéticos, Ken Zinn.