La feria de las promesas

Por Nefer Munoz

San Jose, Costa Rica, 25 mar (IPS)— El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, cosechó el domingo en El Salvador el apoyo de los siete gobiernos de América Central para su campaña contra el terrorismo y el narcotráfico, a cambio sólo de promesas.

Bush estuvo cinco horas en San Salvador, donde se manifestó dispuesto ante seis presidentes y un primer ministro a gestionar un tratado de libre comercio “siete más uno”, pero dentro de dos años y con la condición de que los centroamericanos fortalezcan la protección de la propiedad intelectual.

“No creo que este viaje (de Bush) sea el inicio de un mayor apoyo (estadounidense) a América Latina”, dijo a IPS el historiador y politólogo Luis Guillermo Solís.

Solís, catedrático de la Universidad de Costa Rica, señaló que las prioridades de Washington seguirán siendo los problemas de Medio Oriente, las relaciones con la Unión Europea y la lucha contra el terrorismo.

Bush concluyó el domingo una gira latinoamericana que lo llevó a Monterrey, nororiente de México, para la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, a Perú, donde conversó con cuatro presidentes andinos y, por último, a San Salvador.

“Ya anteriormente Bush se había comprometido tres veces con América Latina a aprobar el fast track (vía rápida para negociaciones comerciales) y no lo logró, pues no tuvo apoyo en su país”, observó Solís. La agenda estadounidense de temas internacionales es actualmente muy estrecha, agregó Solís.

Bush conversó en San Salvador con los presidentes Miguel Angel Rodríguez, de Costa Rica, Francisco Flores, de El Salvador, Alfonso Portillo, de Guatemala, Ricardo Maduro, de Honduras, Enrique Bolaños, de Nicaragua, y Mireya Moscoso, de Panamá, y con el primer ministro de Belice, Said Musa.

“Anuncié el acuerdo de libre comercio con gran seriedad y vamos a trabajar lo máximo posible para tratar de apresurarlo”, prometió Bush en una conferencia de prensa, en la que también reconoció que ese tratado tendrá un camino difícil.

El buscado acuerdo de libre comercio con Estados Unidos fue anunciado por los gobernantes de América Central con bombos y platillos y como un trampolín para el desarrollo.

Pero Bush no podrá negociarlo con certidumbre de resultados sin el respaldo de la llamada ley de promoción comercial, o vía rápida, que no ha sido aprobada por el Senado en Washington.

La legislación estadounidense de promoción comercial otorga al gobierno la facultad de negociar tratados de comercio sin necesidad de la aprobación capítulo a capítulo por el Congreso, cuyas potestades quedan reducidas entonces a ratificar el tratado firmado o a rechazarlo en bloque.

“Es lamentable que en la cita de San Salvador, Bush sólo tratara la agenda que interesa a Estados Unidos” y no los puntos “que le interesaban a la región”, indicó a IPS la analista guatemalteca Carmen Ortiz.

Ortiz, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destacó que Bush no quiso abordar asuntos relativos a los emigrantes centroamericanos en Estados Unidos.

La gobernantes del istmo congregados en Sam Salvador deseaban conversar con Bush sobre el caso de cientos de miles de emigrantes que podrían ser deportados de Estados Unidos.

Unos 260.000 salvadoreños y 106.000 hondureños trabajan en Estados Unidos bajo el Estatuto Temporal de Protección, que vence el 5 de julio para los hondureños y el 9 de septiembre para los salvadoreños.

Bush sólo se comprometió a garantizar que los indocumentados latinoamericanos serán tratados con respeto.

Ortiz cree que, después de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, ha ganado fuerza en la administración de Bush la convicción en que la pobreza de América Latina es un problema latente para Estados Unidos.

Al respecto, el ministro de Trabajo de Honduras, Germán Leitzelar, dijo a IPS que Bush viajó a América Latina pues reconoce que el caldo de cultivo del terrorismo y el narcotráfico son la pobreza y la exclusión social.

“Tras los sucesos del 11 de septiembre, Bush está reconociendo que debe ayudar más a combatir la pobreza en sus países vecinos, en América Latina”, indico Leitzelar.

En cuanto al eventual tratado de libre comercio de América Central con Estados Unidos, Leitzelar predijo que, como en todo acuerdo semejante, habrá beneficios en la medida en que el istmo tenga capacidad a la hora de las negociaciones.

Centenares de civiles se lanzaron a las principales calles de San Salvador para manifestarse contra la iniciativa de libre comercio.

Así mismo, organizaciones no gubernamentales objetaron el momento elegido por Bush para visitar El Salvador, pues paralelemante se cumplían 22 años del asesinato del obispo Oscar Romero, un defensor de los derechos humanos muerto a balazos cuando el país estaba ensagrentado por un conflicto armado.

Peru: tension y expectivas ante
visita de Bush

Por Abraham Lama

Lima, Peru, 23 mar (IPS)— El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llega este sábado a la capital peruana y discutirá asuntos comerciales cruciales para la región andina, en un clima de tensión tras la explosión el miércoles de un coche bomba cerca de la embjada estadounidense.

Las investigaciones sobre el atentado continúan mientras se prepara con un fuerte dispositivo de seguridad la reunión de Bush con el presidente peruano, Alejandro Toledo, el boliviano Jorge Quiroga, el colombiano Andrés Pastrana y el vicepresidente de Ecuador, Pedro Pinto.

Los mandatarios latinoamericanos abogarán por la renovación y ampliación de la estadounidense Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, cuya vigencia terminó en diciembre, y discutirán con el estadounidense formas de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Esa norma, aplicada desde 1991, liberó de aranceles el acceso al mercado estadounidense de productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, para compensar esfuerzos de esos países contra el narcotráfico, y se calcula que en 10 años los benefició con ingresos de 3.200 millones de dólares y 140 mil nuevos puestos de trabajo.

Grupos de presión agrícolas y textiles estadounidenses frenaron, por lo menos hasta mayo, la renovación de la ley, que Bush deseaba antes de su visita a Perú.

Fuentes de Washington afirmaron que la agenda de una reunión privada de Bush y Toledo incluirá la situación de la estadounidense Lori Berenson, arrestada en Perú en 1995 y condenada a 20 años de prisión por su presunta colaboración con guerrilleros peruanos.

El embajador peruano en Washington, Allan Wagner, aseguró el viernes que ambos mandatarios no discutirán la eventual instalación en Perú de bases militares estadounidenses.

Según el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, 22 mil miembros de la policía, el Ejército, la infantería de Marina y la Fuerza Aérea han sido desplegados para garantizar la seguridad de los mandatarios visitantes.

Bush llegará con una fuerza de seguridad propia de 500 integrantes, de los cuales 150 forman parte de un “primer anillo” que se desplaza junto con él, y los otros 350 se desplegarán a lo largo de su ruta y en torno de los edificios que visitará.

Ningún avión civil o militar no autorizado podrá sobrevolar el cielo de Lima mientras dure la visita de Bush, y se afirma que han sido traídos a Lima dispositivos electrónicos que neutralizan controles remotos, para impedir la detonación a distancia de artefactos explosivos que no hayan sido descubiertos.

Un portavoz de la embajada estadounidense en Lima advirtió este sábado a sus compatriotas en Perú que eviten las multitudes y se abstengan de concurrir a lugares públicos, como precaución ante la posibilidad de otro atentado como el realizado el miércoles.

Hasta el momento se desconoce qué organización política realizó ese atentado, causante de la muerte de nueve personas y de heridas a otras 30, pero la mayoría de los analistas piensa que fue Sendero Rojo, sector minoritario del partido guerrillero maoísta Sendero Luminoso.

Sendero Luminoso declaró la guerra en 1980 al Estado peruano. En 1992 fueron arrestados casi todos los integrantes de su Comité Central, y un año después su máximo líder, Abimael Guzmán, ordenó desde la prisión el cese de la lucha armada y el pasaje del partido a la acción legal.

La mayoría de los militantes senderistas acató esa orden, pero unas tres columnas de Sendero Rojo, con unos 100 combatientes cada una, continúan en actividad.

Otros analistas, como el ex congresista izquierdista Carlos Tapia, no descartan que el operativo haya sido ejecutado por ex miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) vinculados con Vladimiro Montesinos, quien dirigió ese servicio durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y en la actualidad está preso en una cárcel de alta seguridad.

Toledo ofreció un millón de dólares de recompensa y garantías de protección a quienes proporcionen datos que permitan identificar y capturar a los autores del atentado.

Los mandatarios visitantes no cambiaron su agenda de actividades en el país tras el atentado, pero la mayoría de los partidos izquierdistas y organizaciones sindicales que se proponían aprovechar la visita de Bus para efectuar protestas callejeras desistieron de sus propósitos, tras ser exhortados a ello por el gobierno.

La Confederación General de Trabajadores del Perú y el Partido Comunista suspendieron una marcha por el centro de la capital prevista para protestar contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el presunto apoyo peruano a una condena a Cuba en la Organización de las Naciones Unidas.

Según versiones rechazadas por Wagner, Bush se proponía presionar este sábado a Toledo para que respalde esa condena.

El Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien militó en su juventud en el partido izquierdista Patria Roja, deploró que la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) mantenga su plan de obstaculizar el transito de la caravana de Bus, pero advirtió que “no serán toleradas sus intenciones”.

La policía detuvo en un parque de Lima a 72 dirigentes y activistas de la CITE que se concentraban para dirigirse hacia el aeropuerto, y dispersó a otros activistas reunidos allí.

Alvaro Cole, uno de los dirigentes de esa confederación que logró evadir a la redada, afirmó que Toledo viola la Constitución al impedir el ejercicio de los derechos de reunión y libre tránsito.

La CITE reúne a ex trabajadores de empresas publicas despedidos durante el gobierno de Fujimori, en el marco de una reducción del aparato estatal recomendada por el FMI, y demanda que esos despidos queden sin efecto.