Colombia: Jaque de las FARC a la autoridad del Estado

Por María Isabel García

Bogota, Colombia, 24 jun (IPS)— Más de la mitad de los 32 departamentos colombianos son afectados por una masiva renuncia de alcaldes, concejales y jueces que fueron declarados objetivo militar por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la crisis puede extenderse.

En el fondo del problema hay “una disputa de legitimidades” y una “demostración de fuerza en las regiones”, dijo a IPS el analista político Marcos Romero, catedrático de la Universidad Nacional. El resultado “puede ser un retroceso en las conquistas de la descentralización democrática” que llevó en la última década a la “elección de alcaldes y gobernadores”, y un “recorte de libertades individuales”, advirtió Romero.

El alcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus, amenazado por las FARC, acusó a ese grupo de aplicar un modelo de ”autoritarismo extremo, vagamente emparentado con el marxismo que todavía invoca”.

“No me retiraría de la alcaldía por ninguna razón”, aseguró Mockus, pero admitió que sus pares de pequeñas localidades son más vulnerables.

Mockus y otros 10 alcaldes del departamento de Cundinamarca, en cuya jurisdicción está la capital, figuran en la lista de autoridades a las cuales el Bloque Oriental de las FARC dio plazo hasta este miércoles para dimitir.

A “los que no cumplan con esta determinación, pueden capturarlos o ajusticiarlos (...). Nuestra consigna es no dejar funcionar a ningún representante del Estado, en ninguno de los municipios”, señalaron los guerrilleros en un comunicado interceptado y divulgado por las autoridades.

El ultimátum del Bloque Oriental abarca a alcaldes, concejales, inspectores, jueces y fiscales de los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada, todos de la región sudoriental.

Según las autoridades, el jefe militar de las FARC, Jorge Briceño, llamado “Mono Jojoy”, dio a los 60 frentes insurgentes del país la orden de amenazar a funcionarios para que renuncien.

Otros bloques de las FARC lanzaron la ofensiva contra autoridades municipales de los departamentos de Caldas y Risaralda, en la central zona cafetalera, del central de Santander y del nororiental de Norte de Santander.

El viernes anunciaron su renuncia unos 100 funcionarios de Arauca, en la frontera oriental con Venezuela, entre ellos nueve alcaldes, diputados y concejales, pero el gobernador encargado de ese departamento, Eduardo Bernal, no aceptó las dimisiones por orden de la administración central.

“Mantenemos la renuncia masiva”, dijo este lunes el alcalde de Arauca, Jorge Cedeño, quien llegó a Bogotá para buscar una entrevista con el presidente Andrés Pastrana.

Grupos paramilitares de Arauca también presionaron a los alcaldes, a quienes colocaron entre “dos espadas”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro.

El alcalde de Guatapé, Orlando Giraldo, comunicó el sábado la decisión de dimitir que adoptó junto con otros 22 mandatarios del central departamento de Antioquia, tras una asamblea.

“Frente a la contundencia de las amenazas que las FARC profieren contra las instituciones locales, nuestra integridad física y la de nuestras familias, nos vemos forzados a presentar renuncia en forma conjunta y pública al mandato popular que nuestras comunidades democráticamente nos otorgaron”, anunciaron los 23.

Esos renunciantes forman parte de un movimiento que reivindica la búsqueda regional de acuerdos humanitarios con los insurgentes, en un intento por mermar la presión sobre la sociedad civil.

Eso no es aceptado por el gobierno central. “No se puede confiar en la palabra de las FARC”, sostuvo el domingo en Medellín, la capital de Antioquia, el ministro de Defensa, Gustavo Bell, quien presidió allí la reunión de un consejo de seguridad, y pidió a los alcaldes permanecer en sus puestos.

Bell se comprometió a proteger a las autoridades locales, y alegó que “no se debe renunciar porque con eso se haría el juego a las FARC, que no dejan de ser una minoría violenta”. En el mismo sentido se pronunció este lunes Luis Arias, presidente de la Federación de Gobernadores, primera instancia administrativa a la que corresponde aceptar o rechazar las renuncias.

“No podemos permitir” las renuncias, porque ”la democracia es una y todos los colombianos debemos salir a trabajar y a defenderla” dijo Arias a la emisora de radio RCN.

“No estoy aquí por llevarle la contraria al grupo guerrillero. (...) La democracia es más fuerte que el desafío de las FARC”, dijo al diario El Tiempo Néstor Ramírez, alcalde de San Vicente del Caguán, en el meridional departamento del Caquetá.

El gobierno estableció en ese departamento una zona de distensión para el diálogo de paz con las FARC, cancelado el 20 de marzo, y Ramírez fue elegido por el partido Verde Oxígeno, cuya candidata presidencial, Ingrid Betancurt, fue secuestrada por los insurgentes.

La actual crisis comenzó en los primeros días de este mes, cuando 16 alcaldes del Caquetá y siete del sudoriental depatamento del Huila fueron declarados objetivos militares por las FARC, pero las amenazas contra alcaldes no son un dato nuevo.

Ahora los alcaldes “están enfrentados a la misma situación que hace años enfrentan los campesinos colombianos”, indicó Romero.

En medio del abandono estatal, todos quedan “presos de una dinámica de guerra civil que los somete a pocas opciones: sumarse a la guerra , irse a la marginalidad en las ciudades, o ser asesinados, secuestrados, o desaparecidos”, explicó.

“Históricamente las FARC han lanzado acciones de despedida y bienvenida a los gobiernos” como la actual, que coincide con el fin del mandato de Pastrana, quien traspasará el mando el 7 de agosto al presidente electo, Alvaro Uribe.

Es “irónico” que las izquierdistas FARC y el derechista Uribe “tiendan a agudizar el autoritarismo” y a propiciar condiciones de “guerra civil”, en forma simultánea.

La actual ofensiva no demostrará control de guerrilleros o paramilitares sobre territorios, ”pero sí su capacidad de desestabilización”, opinó.

El Estado “no tiene capacidad” de proteger a los alcaldes con medios militares, porque en 180 de los 1.089 municipios del país no hay presencia de fuerza pública, y tampoco en un sentido más amplio “que comprende, ante todo, el respaldo de la sociedad a las políticas que se adoptan desde la democracia”, señaló.

En muchas regiones la presencia estatal es “bastante frágil y traumática” y es probable que con el gobierno de Uribe haya mayores recortes de las libertades individuales, comentó.

Fernando Londoño, quien será ministro del Interior y Justicia de Uribe, planteó la intención de reformar la Constitución de 1991, que dio paso a la elección popular de alcaldes y gobernadores y a la descentralización administrativa, para volver al régimen de estado de sitio que rigió durante casi medio siglo.

La actual crisis de los alcaldes parece abonar el terreno para esa reforma, y el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, ya propuso que el gobierno decrete la “conmoción interior”, uno de los estados de excepción previstos en la Constitución.

Corte Suprema prohíbe ejecución de disminuidos mentales

Por Jim Lobe

Washington, DC, 20 jun (IPS)— La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohibió este martes la ejecución de personas con disminución intelectual condenadas a muerte, por considerarlo un castigo cruel e inusual y, por lo tanto, inconstitucional.

Seis de los nueve integrantes de la Corte Suprema entendieron que la ejecución de una persona con inteligencia limitada no tiene un propósito legítimo. La sentencia se refiere a la condena a muerte por asesinato de Daryl Atkins, quien tiene un coeficiente intelectual de 59.

En los últimos años surgió un consenso nacional e internacional que impone la prohibición de esa práctica, sostuvieron los jueces.

“No estamos convencidos de que la ejecución de criminales con retraso mental contribuya con los propósitos disuasivos o justicieros de la pena de muerte”, escribió el juez Paul Stevens, redactor del fallo de la mayoría.

Organizaciones de derechos humanos y contrarias a la pena capital afirmaron este jueves que la sentencia significa un gran avance para su causa.

“La ejecución de retardados mentales ha sido por mucho tiempo una violación de los principios internacionales de justicia y decencia”, dijo el director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, William Schulz.

“En este caso, la Corte Suprema finalmente condujo a Estados Unidos a la comunidad de naciones civilizadas”, afirmó Schulz.

“Treinta estados estadounidenses han prohibido la pena de muerte en general o detuvieron la ejecución de personas con retardo mental. No hay duda de que hoy existe un consenso nacional al respecto”, afirmó el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), Ricard Dieter.

“Persisten otras preocupaciones acerca de la pena capital, pero al menos hoy hemos detenido una práctica que la mayoría de los estadounidenses consideran aborrecible, y también en el resto del mundo”, agregó.

Los tres jueces que votaron contra el fallo fueron designados por presidentes del Partido Republicano, el mismo al que pertenece el actual jefe de gobierno, George W. Bush.

Uno de ellos fue el presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist, designado por Richard Nixon hace 30 años, quien cuestionó, en particular, las referencias del fallo en mayoría a leyes extranjeras y a encuestas.

Desde 1995, sólo tres países —Estados Unidos, Japón y Kirguistán— ejecutaron a personas con retardo mental, según Amnistía. Estados Unidos ejecutó desde 1977 al menos a 35 personas con disminución intelectual o con daños cerebrales importantes, agregó la organización, con sede en Londres.

Los tres jueces en minoría también observaron que la mayoría descartó un fallo de 1989 según el cual la ejecución de retardados mentales no constituía un castigo cruel o inusual, los cuales están prohibidos por disposición constitucional.

“Rara vez una opinión de esta Corte se basó tan obviamente sobre la visión personal de sus miembros”, escribió el juez John Scalia, considerado el más derechista del tribunal.

Pero la decisión de 1989 consideraba de que aún no se había desarrollado un ”consenso nacional” contra la ejecución de personas con capacidad mental disminuida. Trece años después, 16 estados más y el propio gobierno federal sancionaron leyes que prohíben esa práctica.

Los tribunales del oriental estado de Virginia condenaron a Daryl Atkins a muerte por el robo y asesinato del aviador Eric Nesbit. Su cociente intelectual de 59 era bastante menor de 70, debajo del cual, según la opinión predominante, corresponde un diagnóstico de retardo mental.