Ottawa protesta por más restricciones en la frontera

Por Mark Bourrie

Ottawa, Canada, 6 de noviembre (IPS)— Ministros canadienses criticaron la decisión de Washington de exigir pasaporte y en algunos casos visa a los residentes en Canadá nacidos en otros países de la Comunidad Británica de Naciones que pretendan ingresar en Estados Unidos.

Washington catalogó injustamente a Canadá como un país con fronteras permeables, y las nuevas normas estadounidenses crearán dos clases de canadienses, protestó el ministro de Inmigración, Denis Coderre. “Las pruebas y las normas que se aplican a quienes pretenden obtener la residencia permanente en Canadá ya son suficientes”, declaró Coderre a la emisora Canadian Broadcasting Corporation.

La norma anunciada la semana pasada por Estados Unidos exige sólo pasaporte a los residentes en Canadá que sean ciudadanos de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Singapur.

Pero la misma resolución exige pasaporte y visa a los demás miembros de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth, conformada por países que reconocen a la reina Isabel II como su jefa de Estado), en su mayoría del Sur en desarrollo.

Rohinton Mistry, un escritor canadiense de origen indio, canceló la semana pasada la presentación de un nuevo libro en Estados Unidos al sufrir una “humillación intolerable” en los aeropuertos estadounidenses a causa de su etnia, según afirmó.

“Creo que esto es discriminación racial y debemos hacer algo al respecto”, declaró el ministro Coderre.

El embajador de Estados Unidos en Canadá, Paul Cellucci, defendió la exigencia de visa arguyendo que tiende a estandarizar los requisitos de entrada para todos los ciudadanos de ciertos países.

Si un residente de Canadá “es ciudadano de un país de la Commonwealth, se le aplicarán las mismas normas que si residiera en ese miembro de la Commonwealth, porque ese es su país”, dijo Cellucci en una entrevista.

“A alguien que viva en Pakistán se le exige visa para entrar a Estados Unidos, entonces, a un ciudadano pakistaní residente en Canadá, ¿no se le debería exigir lo mismo?”, preguntó.

Celluci aclaró que las nuevas normas no se aplicarán a los ciudadanos canadienses, los cuales pueden entrar a Estados Unidos sin pasaporte, siempre que presenten otros documentos de identificación.

El gobierno canadiense trata de eliminar la impresión al sur de la frontera de que Canadá ha sido un refugio o lugar de paso para terroristas.

Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, funcionarios estadounidenses especularon con que los terroristas habían ingresado a través de Canadá.

Luego quedó claro que ninguno de los secuestradores de los aviones había vivido ni estado en Canadá, y que todos ellos residían legalmente en Estados Unidos.

Debido a las duras restricciones de ingreso impuestas por Washington desde los atentados, en especial a ciudadanos de países árabes y centroasiáticos, la cancillería de Canadá advirtió el pasado septiembre a los canadienses nacidos en esos países que reconsideren sus eventuales planes de viajar a Estados Unidos.

Las nuevas medidas “antiterroristas” de Estados Unidos incluyen la toma de impresiones digitales y fotografías a ciudadanos procedentes de Irán, Iraq, Libia, Sudán, Pakistán, Arabia Saudita y Yemen.

Maher Arar, un ingeniero de origen sirio que obtuvo la ciudadanía canadiense en 1987, fue detenido el mes pasado en Nueva York y deportado a Jordania sin notificación previa a las autoridades de Canadá.

Actualmente, Arar está preso en Siria por no haber cumplido el servicio militar obligatorio de ese país.

La reacción del gobierno canadiense fue enérgica. “Una persona que viaja con pasaporte canadiense es ciudadana de Canadá y tiene derecho a ser tratada como tal. He presentado nuestra protesta a Estados Unidos”, dijo el canciller Bill Graham.

Hacia un nuevo orden mundial imperial

Por Jim Lobe

Washington, DC, 9 de noviembre (IPS)— Dos hechos clave para vislumbrar el nuevo orden mundial imperial que construye Washington pasaron casi inadvertidos, debido a los resonantes triunfos del presidente George W. Bush en las elecciones del martes 5 y en el Consejo de Seguridad de la ONU tres días después.

El 3 de este mes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) dio muerte a seis personas que viajaban en un automóvil por la desértica región septentrional de Yemen. La CIA utilizó un misil Hellfire guiado por rayo láser y lanzado desde un avión espía no tripulado “Predator”.

La CIA alegó que una de esas personas era Qaed Senyan al-Harthi, agente de alto rango de Al Qaeda (La Base), la organización extremista islámica señalada por el gobierno estadounidense como responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Washington aseguró que el gobierno de Yemen autorizó el ataque, pero funcionarios yemenitas se negaron a confirmarlo.

Por otra parte, el gobierno de Mauricio llamó en forma imprevista el 5 de este mes a su embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jagdish Koonjul, ocupante de uno de los 10 escaños rotativos del Consejo de Seguridad.

Washington se había quejado ante Mauricio de reticencias de Koonjul ante el proyecto de resolución sobre Iraq de Estados Unidos y Gran Bretaña. La moción fue presentada formalmente al Consejo el miércoles 6 y aprobada dos días después, con el voto de Mauricio y de los otros 14 integrantes del cuerpo.

Según fuentes diplomáticas, el gobierno estadounidense invocó su acuerdo de preferencias comerciales con Mauricio, firmado en 2000, por el cual la contraparte se comprometió a no “involucrarse en actividades que socaven la seguridad nacional de Estados Unidos o los intereses de su política exterior”.

La economía de Mauricio depende en gran medida de la exportación de productos textiles a Estados Unidos.

El ataque en Yemen y la presión sobre Mauricio mostraron hasta qué punto está dispuesto Washington a interferir en la condición soberana de Estados nacionales, aunque insista en que desea revitalizarla para contrarrestar tendencias a la creación de un “gobierno mundial” de la ONU y otras instituciones.

La presión económica con fines políticos no es nueva en la historia de las relaciones internacionales, pero la inclusión en un acuerdo comercial de cláusulas subordinantes en materia de política exterior limita el concepto de soberanía con un resabio del imperialismo del siglo XIX.

El incidente en Yemen causó reacciones airadas en países árabes, y fue comparado con la política de “asesinatos selectivos” aplicada por el gobierno israelí contra activistas palestinos, que ha sido condenada incluso por el gobierno de Bush.

Luego de los atentados de septiembre de 2001, Yemen aceptó asesoramiento y entrenamiento estadounidense para el combate contra el terrorismo, al igual que Filipinas, Georgia, Pakistán y otros países.

Colaboradores del secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld comentaron con entusiasmo la operación en territorio yemenita, a la cual definieron como un anticipo de lo que vendrá.

Tras las elecciones parlamentarias, en las cuales el gobernante Partido Republicano consolidó su mayoría en la Cámara de Representantes y recuperó el control del Senado, “tenemos nuevas autoridades, nuevas herramientas y una renovada voluntad de hacer en cualquier lugar lo que deba hacerse”, dijo al diario The New York Times una fuente del Departamento de Defensa.

El ataque en Yemen implica “un extraordinario cambio de umbral” para las acciones militares estadounidenses, comentó al diario The Washington Post un ex funcionario de Inteligencia.

Hace 13 años, durante la presidencia de George Bush, padre del actual mandatario, el Departamento de Justicia afirmó que Estados Unidos tenía derecho a arrestar en otros países a sospechosos de delitos graves, sin consentimiento del gobierno anfitrión, y esa doctrina fue desautorizada por el Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores).

El gobierno de Bush ha enfatizado que se opone a cualquier sistema de “gobierno mundial”, en el cual instituciones multilaterales puedan afectar la soberanía de los Estados nacionales sobre sus territorios, y en especial la soberanía estadounidense.

La alternativa que Washington propone en teoría es un orden internacional que revitalice el sistema de Estados nacionales consolidado hace 354 años mediante el Tratado de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 Años entre católicos y protestantes europeos.

Ese acuerdo internacional consagró los principios de soberanía nacional y no interferencia en los asuntos internos de otros Estados.

El exsecretario de Estado George Shultz, quien estuvo al frente de la diplomacia estadounidense durante el gobierno del republicano Ronald Reagan (1980-1988), es el inspirador teórico de la reivindicación del Tratado de Westfalia, que fue invocado en junio en forma explícita por Bush, en un discurso ante graduados de la academia militar de West Point, en Nueva York.

En ese discurso, el presidente anunció también por primera vez su decisión de mantener la total superioridad militar de Estados Unidos en el mundo.

Shultz ejerce fuerte influencia sobre varios de los principales asesores de Bush, y en especial sobre su consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice.

El ex secretario de Estado sostiene desde enero que la campaña internacional contra el terrorismo lanzada tras los atentados de septiembre de 2001 debe revitalizar la autoridad de los Estados nacionales, socavada por la globalización, y esa tesis ha sido invocada en varias ocasiones por Washington contra el enfoque multilateral de problemas internacionales.

El embajador itinerante para crímenes de guerra Pierre Prosper, abogó en mayo por sistemas judiciales nacionales capaces de actuar en casos de crímenes contra la humanidad y genocidio, al anunciar que Washington retiraba su firma del estatuto de la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar esos delitos.

A comienzos de este año, cuando la ONU, la Unión Europea y el gobierno interino de Afganistán instalado con apoyo estadounidense propusieron fortalecer el despliegue en ese país de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, Washington se opuso con el argumento de que eso aumentaría la dependencia afgana del foro mundial.

El gobierno estadounidense alegó que era preferible apoyar el lento y difícil proceso de creación de un ejército afgano, aunque eso implicara prolongar el predominio de señores de la guerra em gran parte de Afganistán, que socava la estabilidad de ese país.

Pero las acciones de Washington en defensa de sus propios intereses tienen escasa relación con la proclamada doctrina sobre el fortalecimiento de las soberanías nacionales.

El especialista francés en política internacional Pierre Hassner afirmó hace meses que la verdadera doctrina de Bush es “total soberanía para nosotros y total intervención en los asuntos de todos los demás”, y que “eso es típico de los imperios”.