ONG reciben un trago de su propia medicina
al artículo

El Salvador: Regreso con gloria a hospitales

Por Néfer Muñoz

San Jose, El Salvador, 13 de junio (IPS)— Los médicos y funcionarios de la salud pública de El Salvador regresarán el próximo lunes a sus puestos, tras firmar este viernes un acuerdo para poner fin a la huelga de casi nueve meses, que frenó la privatización y asestó un duro golpe al gobierno.

El pacto alcanzado entre el gobierno de Francisco Flores y los sindicatos del estatal Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) permitirá que más de un millón de salvadoreños vuelvan a tener acceso a la atención gratuita gracias a un plan especial de horas extras y visitas especiales a comunidades rurales.

La huelga iniciada el 18 de septiembre, fecha desde la cual sólo se atendieron emergencias, deja un sinsabor a las dos partes, pero sobre todo al gobierno, a quien la mayoría de la población le atribuye la responsabilidad del conflicto, según diversas encuestas.

“El mayor logro de esta huelga es que reactivamos el movimiento social y logramos detener una privatización”, declaró a IPS el secretario general del sindicato de médicos del ISSS, el cirujano Isaías Cordero del Cid.

Los delegados sindicales y del gobierno firmaron un documento, presentado por un grupo de mediadores, por el cual se establece reinstalar a los huelguistas en sus puestos, pagar la mitad de los salarios no devengados y restituir en sus empleos a 125 trabajadores que habían sido despedidos.

Los sindicalistas no pudieron incluir el compromiso escrito del gobierno de no insistir con la privatización del ISSS, pero la propia paralización de actividades y manifestaciones ya habían obligado al Poder Ejecutivo a retirar tres proyectos de ley al respecto que había presentado al Congreso.

“Reconocemos que no logramos todo lo que queríamos, pero esto es un buen inicio, pues hemos despertado a un pueblo que estaba adormecido y que ahora se opondrá a la privatización de los sectores del agua, la educación y las obras públicas”, agregó Cordero del Cid.

Los casi nueve meses de huelga fueron un duro golpe para El Salvador, uno de los países con mayor densidad de población en América Latina. En este país de 21.000 kilómetros cuadrados viven 6,2 millones de personas.

Se calcula que durante la paralización de actividades de los 11.500 funcionarios del ISSS, que tiene a su cargo a la mayoría de los principales hospitales públicos del país, se perdieron miles de citas de consulta externa, cirugías y diagnósticos.

Cordero del Cid detalló que, para recuperar el tiempo de atención perdido, los médicos y empleados del Instituto trabajarán sin cobrar horas extras y formarán brigadas para visitar comunidades rurales.

Los sindicatos de médicos y funcionarios convocaron en estos últimos nueve meses a varias manifestaciones, llamadas “marchas blancas”, en algunas de las cuales lograron movilizar a unas 250.000 personas.

“Es un alivio que termine esta huelga. Como gobierno, decimos que la verdad este acuerdo no nos conviene, pero lo aceptamos para que todo esto termine”, dijo a IPS el director de Comunicaciones del ISSS, Marvin Quinteros.

Los proyectos que el gobierno había enviado al Congreso legislativo no pretendían privatizar al ISSS sino mantener la seguridad social pública, pero con una apertura a otras empresas privadas, explicó el funcionario.

“Se pretendía eliminar ese monopolio (...) y lo que pasa es que los sindicalistas lo han manejado con tintes políticos y, bueno, les ha dado resultado. Pero reiteramos que no queremos privatizar”, agregó.

Quinteros indicó que, tras la huelga, no hay actores sociales ganadores ni perdedores, pues en realidad los grandes perjudicados fueron los usuarios.

Ahora se espera que el ISSS amplíe la cobertura, que actualmente abarca a cerca de un millón de salvadoreños. Además, el gobierno se ha comprometido a invertir más dinero en infraestructura y equipos.

“Esta huelga es un referente para toda América Latina. Le estamos enviando un mensaje a la región para que sepan que sí se puede luchar contra el neoliberalismo”, comentó a IPS el secretario general de los trabajadores del ISSS, Ricardo Monge.

Los huelguistas han tenido que pagar un alto costo, ya que se dejaron de atender a miles de pacientes y no recibieron sus salarios durante más de ocho meses, apuntó.

“Sin embargo, tenemos la gran satisfacción de que el Congreso ha archivado los proyectos privatizadores, con lo cual ya no se beneficiarán las empresas privadas nacionales y transnacionales que aplaudían la venta del ISSS”, sostuvo Monge.

En tanto, los expertos entienden que una de las principales víctimas políticas de la huelga fue la gobernante Alianza Republicana Nacional (Arena), como lo indican los resultados de las elecciones legislativas y de alcaldes de marzo.

La derechista Arena pasó de tener 29 de las 84 bancas en el Congreso unicameral y pactos que le permitían obtener mayoría absoluta, a contar ahora con 27 diputados y dificultades para acordar con grupos opositores.

La otra cara de la moneda en esta disputa política con la huelga como telón de fondo es el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desde el principio apoyó públicamente el conflicto de la salud y hoy recoge los frutos.

El FMLN trepó de 25 a 31 escaños parlamentarios y su imagen ganadora crece hasta ubicarlo como favorito en las encuestas para ganar la presidencia en las elecciones de 2004.

El gobierno de Flores señala al FMLN de ayudar a crear un ambiente de zozobra en torno a la presunta privatización del ISSS para ganar puntos políticos, y que los líderes huelguistas responden a esa fuerza izquierdista.

El abogado Rubén Zamora, quien encabezó al grupo de mediadores que redactó la propuesta para levantar la huelga, se manifestó convencido de que la huelga en la salud estatal pudo haberse levantado muchos meses atrás.

“El problema es que en El Salvador los conflictos tienden a politizarse en demasía. Como balance podemos decir que el país perdió mucho, porque se afectó la atención de miles de pacientes, pero también el país ganó, porque se frenó un proyecto privatizador”, indicó Zamora a IPS.

Zamora sostuvo que la huelga en el ISSS es un ejemplo de la polarización que afronta este país. La reinserción de los médicos y trabajadores le costará al Estado cerca de 1,5 millones de dólares.

subier al principio

ONG reciben un trago de su propia medicina

Por Jim Lobe

Washington, DC, 12 de junio (IPS)— Expertos cercanos al gobierno de Estados Unidos lanzaron una campaña de vigilancia al financiamiento, la agenda y las actividades de las ONG internacionales, que hacen un seguimiento constante a la política de Washington.

El Instituto Estadounidense de la Empresa (AEI) anunció, junto con la derechista Sociedad Federalista de Estudios sobre Leyes y Políticas Públicas, el lanzamiento de un nuevo sitio en Internet (http://www.NGOWatch.org), en el que expondrá información sobre varias ONG (organizaciones no gubernamentales).

Pero no vigilarán a cualquier organización, sino en especial a aquellas con una agenda “progresista” y “liberal”, que predican la “gobernanza global” y otros conceptos también promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y agencias multilaterales.

Este proyecto tiene el propósito de contrarrestar la influencia mundial de las ONG contrarias a la política exterior de Estados Unidos y a las empresas multinacionales.

El AIE expresó su preocupación por lo que considera una “ingenuidad” de parte del gobierno del presidente George W. Bush y de varias empresas, al proveer financiamiento a las ONG.

“En muchos casos, ingenuos reformadores del sector privado, junto a varias firmas y funcionarios de gobierno, las reciben como si nada”, afirmó John Entine, de AIE.

Al presentar el sitio el miércoles, AIE realizó una conferencia bajo el título: “Las ONG: el creciente poder de unos pocos elegidos”, en la que se presentó a estas organizaciones como una gran amenaza al gobierno de Bush, al capitalismo de libre mercado y a la política exterior de Washington.

La conferencia fue coauspiciada por el derechista Instituto de Asuntos Públicos, de Australia.

“Las ONG crearon sus propias reglas y ahora quieren que los gobiernos y las empresas se sometan. Dirigentes empresariales y políticos son obligados a responder a la maquinaria mediática de las ONG, y los recursos de los contribuyentes e inversionistas son usados para fines que ellos nunca avalaron”, señalaron los organizadores de la conferencia.

“El extraordinario crecimiento de las ONG en estados liberales tiene el potencial de socavar la soberanía de las democracias constitucionales”, añadieron.

El hecho de que en la conferencia participaron no menos de 42 funcionarios de política exterior, autoridades judiciales y figuras prominentes como el ex jefe de los asesores políticos del Pentágono Richard Perle y Lynne Cheney, esposa del vicepresidente Dick Cheney, parece sugerir que Washington prepara una verdadera embestida contra las ONG.

La conferencia fue realizada cuando todavía se sentían los ecos de las duras declaraciones realizadas el mes pasado por el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Andrew Natsios.

Natsios acusó a las ONG que recibieron financiamiento de USAID para realizar programas humanitarios en Afganistán de no darle a Washington el crédito que merece por su colaboración.

Sus afirmaciones también coincidieron con algunos intentos de las autoridades de USAID de acercarse al sector privado en vez de a las ONG para el trabajo en Iraq y en otros países en desarrollo. La agencia también impuso reglas más severas a las organizaciones civiles que aspiran a recibir su dinero.

En ese contexto, la conferencia de AEI podría ser considerada como parte de un patrón de comportamiento problemático, según un funcionario de una ONG que pidió no ser identificado. “Queremos estar seguros de que esto no es más que una coincidencia”, dijo.

El mensaje de la conferencia del miércoles fue que algunas ONG como Amnistía Internacional, CARE, Oxfam y Amigos de la Tierra Internacional han realizado un valioso trabajo en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo y la protección del ambiente, pero que sus políticas, en particular la internacional, podrían socavar los intereses de Estados Unidos y los principios de la libre empresa.

Las ONG internacionales persiguen “una nueva y penetrante forma de conflicto” contra las corporaciones multinacionales o “biz-war” (del inglés “bussiness”, negocios, y “war”, guerra), sostuvo el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington Jarol Manheim.

Las ONG, por ejemplo, trabajan con inversores institucionales como fondos de pensión sindicales y eclesiásticas en el movimiento denominado “de inversión social”, que patrocina políticas empresariales respetuosas del ambiente y de los derechos humanos en asambleas de accionistas.

Esos esfuerzos, dijo Manheim, deben ser considerados “parte de una campaña antiempresa mayor” que también incluye boicots y otras medidas para influir sobre el comportamiento de las compañías.

Por otra parte, las empresas participan cada vez más en proyectos conjuntos con ONG, apelan a asesores de ONG e incluso contratan a empleados de ONG para protegerse contra la publicidad negativa, según el experto.

Esa posición fue compartida por Entine, de AEI, para quien el movimiento de inversión social es “un lobo disfrazado de cordero”. “Las ONG contrarias al libre mercado extienden su alcance hasta las juntas de las corporaciones”, dijo.

Por su parte, el profesor de Asuntos de Gobierno Jeremy Rabkin, de la Universidad Cornell, cuestionó a las empresas que procuran mantener buenas relaciones con las ONG. “Por supuesto, es un programa de izquierda. Es global, es antinacional”, afirmó.

Para Rabkin, la propia noción de organización no gubernamental es un “concepto estalinista”

subier al principio